Categoría: Notícias en medios de comunicación

11 julio 2025

El Tribunal Superior condena a la Xunta y la Confederación Miño-Sil por su mala gestión del agua, envenenada por vertidos de la ganadería intensiva. Las Administraciones deberán pagar 30.000 euros a cada afectado y reparar el desastre ambiental

“Se declara la vulneración de los derechos fundamentales: derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad”, dicta la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, notificada este viernes a las partes. El fallo de 113 folios, resuelto en un tiempo récord (la demanda fue presentada en marzo y hace dos semanas tuvo lugar la última sesión de la prueba pericial), condena a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y Limia por el descontrol, durante décadas, de la comarca gallega más saturada de nitratos procedentes de los vertidos de purines. Los excrementos de cientos de granjas de cerdos y pollos han emponzoñado la tierra, el gran río Limia, los pozos, el agua de abastecimiento público y el embalse de As Conchas, que sufre episodios de cianobacterias tóxicas y se ha convertido en una cloaca peligrosa para la vida. La demanda planteada por siete vecinos a título particular, la asociación vecinal del pueblo de As Conchas (Lobeira, provincia de Ourense) y la Federación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) contaba con el asesoramiento y la dirección de abogadas especializadas del gabinete ambientalista ClientEarth y la asociación ecologista Amigas de la Tierra.

El TSXG considera probado, después de escuchar a los peritos que elaboraron los informes científicos en los que se sostenía la demanda y a los expertos llevados a la sala por parte de la Xunta, que la Administración gallega ha vulnerado derechos fundamentales “vinculados al disfrute del agua” y “en relación con el derecho al disfrute de un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas”, amparado por la Constitución Española. Los magistrados Azucena Recio, José Antonio Parada, Enrique García Llovet y Antonio Martínez Quintanar estiman los argumentos de la demanda y entienden que la vulneración de derechos “está provocada por la inactividad de las Administraciones Públicas, Xunta y CHMS, que pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no han sido capaces de poner remedio alguno”.

La sentencia, pionera en Europa por condenar la gestión de las macrogranjas con el enfoque de los derechos fundamentales, obliga a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a “adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno”. Las administraciones condenadas deberán “devolverles el pleno disfrute de los derechos fundamentales cuya tutela se reclama en el presente procedimiento”. Aunque la demanda se dirigía también contra cinco ayuntamientos de la comarca (Bande, Os Blancos, Trasmiras Lobeiras y Muiños), el TSXG no extiende la condena a la Administración local.

El tribunal también ordena a Xunta y Confederación, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, “adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas a fin de devolverles el pleno disfrute de su derecho humano al agua”. Además, estas Administraciones deberán indemnizar a los vecinos “con una cantidad mensual de mil euros hasta un máximo de 30.000 euros” para cada uno hasta que no se corrija la grave situación ambiental. El fallo todavía no es firme. Los condenados aún cuentan con la baza del recurso de casación, ante la misma sala del TSXG o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La sala reconoce que los vecinos “experimentan un innegable perjuicio moral que no ha cesado; además de las molestias provocadas por las emanaciones de gases y los olores provenientes del embalse”. Los magistrados destacan que la “situación de riesgo para la salud derivada del consumo y utilización del agua, por la alta concentración de nitratos y cianobacterias” provoca “angustia y ansiedad” por prolongarse en el tiempo, “casi 24 años”.

“Existen dos responsables de la situación creada”, concluyen los jueces señalando a la Xunta, en manos del PP, y la CHMS, actualmente en manos del PSOE. La Administración gallega infringió los “preceptos que permiten salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas; normas sobre protección del medio ambiente y en materia de sanidad”, reprocha el tribunal. La Xunta “permitió un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio”. Esto se agravó, prosigue la sentencia, “con la ineficaz gestión de los residuos que terminaban en lugares no controlados, y sin que se supervisasen químicamente los mismos ante la posible presencia de antibióticos y químicos derivados de medicamentos [para los animales]”. De tal forma, concluye el fallo, que “provocó una saturación del medio que el terreno era incapaz de asumir y con ello el perjuicio al medioambiente y la existencia de bacterias resistentes” a antibióticos.

Por su parte, la Confederación tenía una “obligación derivada del control de la calidad de las aguas, como una de las funciones atribuidas a los organismos de cuenca”. El TSXG le afea su “inacción ante un hecho constatable del empeoramiento de la calidad de las aguas desde el año 2011″, cuando se produjo el primer afloramiento de cianobacterias en el embalse. “Su deber”, ante la proliferación de las macrogranjas, era “informar” en el momento en que se tramitaban en la Xunta las declaraciones ambientales, recuerda la sentencia. Porque “era evidente” que había “un deterioro paulatino y crónico y un origen”: “a la vista de los datos”, zanjan los jueces, este “era palmario, dado que la población [de la comarca] es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la presión de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos”.

Leer noticía aquí

Fuente de información: El País

13 junio 2025

Un nuevo informe alerta del auge de las macrogranjas que trae consigo que la agricultura industrial poco a poco se vaya apoderando de toda Europa. Si no, una cifra puede servir como ejemplo claro: en toda la UE hay más de 22.200 instalaciones de este tipo dedicadas a pollos y cerdos donde se hacinan en condiciones lamentables más de medio millón de animales.

Una escena lamentable que no detiene que pese a todo desde la Comisión Europea (CE), algunos productores y algunos miembros del Parlamento Europeo (PE) sigan apostando por el incremento del número de animales de granja.

En esta investigación apunta a que en la última década, 2.746 macrogranjas iniciaron operaciones en la UE, con la tasa más alta de desarrollo en España, para poner en marcha más de un millar de instalaciones de este tipo. Además, solo en estos últimos 10 años se dieron más de 5.000 permisos para estas granjas.

UE: terreno libre para las macrogranjas industriales

Una nueva investigación ha descubierto que la UE alberga la asombrosa cifra de 22.263 granjas industriales de pollos y cerdos, que albergan a más de 516 millones de animales en condiciones de ganadería industrial intensiva. A pesar de ello, la Comisión Europea (CE), algunos productores y algunos miembros del Parlamento Europeo (PE) abogan por un aumento del número de animales de granja. Pero, ¿qué significaría esta expansión para el bienestar animal, la salud humana y el impacto ambiental?

La investigación basada en datos de AGtivist ha identificado, por primera vez, y ha cartografiado estas granjas industriales en toda Europa, mostrando que la UE tiene 10.862 granjas de pollos con al menos 40.000 aves cada una (tanto criadas para la producción de carne como de huevos) y 8.854 granjas de cerdos con al menos 2.000 cerdos cada una (2.547 para cerdos de cría).

Seguir leyendo esta noticia aquí

Fuente de Información: Ecoticias.com

26 mayo 2024

El Seprona de la Guardia Civil detiene a cinco personas en una operación en explotaciones ganaderas, naves industriales e instalaciones ilegales de Ávila, Toledo y Madrid que enviaban carne sin trazabilidad a restaurantes

Un camino de tierra cercano a un polígono de San Fernando de Henares —en el este de Madrid—, desemboca en lo que, de lejos, parece una bucólica casa de campo en medio de un prado. Sin embargo, ahí se oculta el matadero de los horrores, un recinto en el que se apilan más de 200 cabras y ovejas enfermas, agonizantes, algunas muertas, rodeadas de suciedad, cabezas de animales cortadas y ratas. Es uno de los recintos que inspeccionó el pasado miércoles el Seprona de la Guardia Civil, en una operación en explotaciones ganaderas, naves industriales y mataderos ilegales de Ávila, Toledo y Madrid que maltrataban a los animales, los sacrificaban sin condiciones sanitarias adecuadas y enviaban carne sin trazabilidad a restaurantes.

Los agentes han explicado este lunes en una rueda de prensa que han detenido a cinco personas e investigan a otras 12 acusadas de varios delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Debido al mal estado de los animales en los distintos recintos, han tenido que sacrificar a unos 350.

Seguir leyendo noticia aquí

Fuente de información: El País

18 mayo 2025

Activistas europeas se concentraron, el sábado 18 de mayo, frente a la macroexplotación ganadera bovina More Holstein en Bétera (Valencia) para denunciar el ‘greenwashing’ de la instalación industrial, con más de 3.000 vacas lecheras en Bétera. La empresa ha recibido una «fuerte oposición» del vecindario y de las organizaciones sociales y ambientales locales, que exigen «el fin de un modelo que contamina el agua, el aire y los suelos».

En esta acción se ha enmarcado en el encuentro europeo contra la ganadería industrial, organizado por Amigas de la Tierra y en el que ha participado Ecologistas en Acción, Stop Ganadería Industrial, Ong ADDA y decenas de activistas de toda Europa que se han reunido para «visibilizar los impactos de las macroexplotaciones ganaderas» y «compartir experiencias locales de resistencia en otros territorios», según ha detallado Amigas de la Tierra en un comunicado.

En la protesta se han podido observar carteles con lemas como ‘Por un mundo rural vivo’, ‘No a las macrogranjas. No a la contaminación. No a la recalificación del suelo’, ‘Las macrogranjas contaminan y nadie dice ni mu’, ‘People power now’ –‘Poder del pueblo ya’– o ‘Moratoire sur les fermes-usines’ –‘Cierre de las granjas industriales’– .

Según las activistas contra la ganadería industrial, a pesar de estar certificada por el sello B Corp (un sello «supuestamente otorgado» a empresas con altos estándares de desempeño social y ambiental), la instalación industrial «parece no causar la misma buena impresión» entre las personas que viven a su alrededor.

El vecindario de La Pobla «sufre las consecuencias de vivir a menos de un kilómetro de la explotación de ganadería industrial», que «llena sus casas de ruido, moscas y olor de las toneladas de excrementos que se producen allí cada día».

Seguir leyendo noticia aquí

Fuente de información: Europapress

7 abril 2025

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 meses de cárcel por un delito continuado de maltrato animal a un granjero que dejó morir a 170 ocas por «inanición y falta de cuidados» en una explotación ganadera ecológica de su propiedad situada en Fuente Obejuna (Córdoba).

La Sala de lo Penal, en una ponencia del magistrado Manuel Marchena, desestima el recurso de casación presentado por el granjero contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, que también le impuso una pena de 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Según los hechos probados, el dueño de las ocas figuraba como administrador único de una empresa que se dedicaba al cebado en extensivo de estos animales para la producción de paté, carne y plumas en una finca cordobesa.

Durante junio de 2018, las dejó morir por «inanición y falta de cuidados», con absoluto conocimiento del estado de desnutrición en el que estaban y «con total desprecio por la vida de éstas», puesto que el encargado de la alimentación de las aves le había comunicado la falta de pienso y su estado.

Cuando se personaron en la explotación agrícola los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) se encontraron a las ocas muertas, la mayoría amontonadas. No tenían pienso ni agua potable, salvo un pequeño bebedero y una pequeña charca de aguas pluviales en unos corrales, donde bebían, se bañaban y defecaban, y tampoco recibieron la adecuada asistencia sanitaria.

La Sala Segunda considera que los hechos probados son integrables en el concepto de delito continuado y no en un único delito, como reclamaba el recurrente. «La muerte de 170 ocas como consecuencia de omisiones encadenadas que privaron a los animales del cuidado indispensable para evitar sed, hambre y atención veterinaria, hasta el momento de su muerte colectiva, ha de ser tratada conforme a las reglas del delito continuado», afirma.

Los animales, seres «sintientes»

La sentencia subraya que «el sufrimiento de un animal, la muerte de un ser vivo, exige un tratamiento penal que adquiera sentido a partir de su consideración como ser sintiente y, por tanto, protegido en su propia mismidad».

Añade que en el caso examinado «fueron 170 animales fallecidos que no pueden ser degradados a la condición de cosas no individualizables por su propia singularidad». «La cosificación de los animales es contraria al estado de nuestra legislación y a los compartidos valores que forman parte ya de una normalidad sociológica que ve en todo animal un ser sintiente, merecedor del respeto exigible frente a la vida, sea o no humana», subraya.

La Sala de lo Penal precisa que «los hechos se sucedieron en un prolongado paréntesis temporal que culminó en los tres días en los que el juicio histórico sitúa el momento de una agonía colectiva que llevó a la muerte de los animales».

Enfatiza el hecho de que, con anterioridad a ese desenlace, «el encargado de la explotación y de la alimentación de los animales advirtió al acusado de la falta de pienso y del estado de desnutrición de las ocas».

«Los animales no recibieron la regular atención veterinaria que exige el cuidado propio de una granja ecológica. Tampoco dispensó el cuidado indispensable para la supervivencia de las ocas. Fueron, pues, muchas omisiones las que seccionaron la voluntad unitaria de desatender a los animales que custodiaba y explotaba en su granja», zanjan los magistrados.

Leer noticia aquí

Fuente de información: Europa Press