La ganadería (por fin) en el debate social

La ganadería intensiva está en los medios. Aunque las organizaciones ecologistas llevan años denunciando este tipo de ‘fabricación’ de carne, las declaraciones del ministro de Consumo han sacado a la luz los impactos de esta industria sobre el medioambiente, la salud de las personas y de los animales.

A raíz de las declaraciones del ministro de Consumo sobre la ganadería industrial y la necesidad de apoyar a la ganadería extensiva, el debate sobre “macrogranjas” está en todos los medios de comunicación. Se habla sobre sus impactos ecológicos, sociales y sobre la salud de las personas y de los animales, sobre la posibilidad (o no) de la coexistencia de los diferentes modelos y el papel que tienen en el mundo rural. Aunque las organizaciones ecologistas, vecinales y animalistas llevan años denunciando este tipo de explotaciones, por fin el debate ha saltado a las calles.

Pero ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La ganadería ha sido tradicionalmente una forma de aprovechar los recursos que el ser humano no tenía otro modo de utilizar. La ganadería y la agricultura han tenido una relación de dependencia mutua: la fertilidad de los suelos ha dependido, hasta la aparición de los fertilizantes químicos con la Revolución Verde, del estiércol de los animales1. Asimismo, la mecanización de campo y la industrialización de las ciudades generó un amplio éxodo rural que incrementó el consumo de carne per cápita y por tanto la demanda. En las últimas décadas, la producción de cerdo en concreto, en Europa, se ha ido desplazando desde Holanda, Alemania y Dinamarca (donde ha crecido la sensibilidad social por cuestiones ambientales) a España. En la actualidad, el Estado español es ya el primer productor de carne de cerdo de Europa y el tercero del mundo: hace años que el modelo se implantó en Catalunya y Aragón, pero en los últimos años se ha ido ampliando sobre todo en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque hay otras regiones afectadas como Galicia o País Valenciá. La cárnica es hoy en día la cuarta industria en nuestro país y está manejada fundamentalmente por cuatro grupos empresariales: El Pozo, Vall Companys, Nutreco y Campofrío.

En España, la tendencia en el sector ganadero es al incremento de determinadas cabañas ganaderas (cerdo y pollo para carne, gallina para huevos y vaca de leche) y el descenso de otras (oveja y cabra), más asociadas a un modelo de ganadería extensiva. El sector porcino ha pasado de 25,5 a 31,3 millones de cerdos entre 2013 y 2020. En el caso de los pollos de engorde, la producción ha duplicado su crecimiento en el último lustro, incrementándose en 80 millones de sacrificios entre 2015 y 2019. En cambio, a nivel general desciende el número de explotaciones y el de ganaderos y ganaderas: según los datos de la EPA, el empleo en ganadería en 2019 era el 29 % del que había en 1976. La ecuación es clara: más ganado menos explotaciones menos ganaderos igual a más industrialización más concentración del poder más desempleo abandono rural y más deterioro ambiental.

Llamar a las cosas por su nombre

Existe mucha confusión sobre qué es qué en ganadería2: “macrogranjas”, industrial, intensiva, extensiva, ecológica, agroecológica, racional, holística, regenerativa, a pasto… Para entender esta diversidad conviene imaginar los modelos como en un gradiente de intensificación y ese gradiente, no como una línea sino como un entramado. En ganadería, entre la reproducción y la cría del animal hasta el consumo del producto hay otros eslabones: el cebo, el matadero, el despiece, el almacenamiento, la transformación, la distribución y la venta. En cada uno de estos eslabones hay a su vez diferentes modelos y muchas combinaciones posibles. Por ejemplo, es habitual que terneros criados en extensivo sean luego cebados en instalaciones industriales y exportados por barco. En el cerdo ibérico es frecuente la reproducción y cría inicial en intensivo pero el cebo final en extensivo con bellota, el despiece y la transformación en dependencias industriales y la distribución y comercialización en manos de grandes empresas hasta los lineales de secciones gourmet de supermercados.

Las pequeñas granjas familiares de vacas de leche de la cornisa cantábrica tienen un periodo de cría intensiva (estabulada) pero se les alimenta fundamentalmente con hierba local autoproducida. El problema que tenemos es que esta variedad y complejidad de modelos no está ni descrita ni caracterizada formalmente en normativas, lo que genera confusión en quienes consumen, insuficiente diferenciación del reparto de subvenciones públicas y últimamente maniqueísmo partidista preelectoral.

La cárnica es hoy en día la cuarta industria en nuestro país y está manejada fundamentalmente por cuatro grupos empresariales: El Pozo, Vall Companys, Nutreco y Campofrío

Parándonos en el primer eslabón, el de la reproducción y cría, se entiende por ganadería industrial aquella en que los animales, confinados a lo largo de su vida y por tanto altamente medicados y privados de sus comportamientos naturales, se alimentan a base de piensos. Éstos, contienen el 21% y el 50% de soja, prácticamente toda transgénica, proveniente de deforestación en Latinoamérica. Es decir, no sólo se trata de las explotaciones, sino de un modelo industrial globalizado asociado a un entramado de producción de granos y soja, piensos, fertilizantes, biocidas, medicamentos y grandes cadenas de supermercados, manejado fundamentalmente por intereses y poderes corporativos.

Informe de Ecologistas en Acción.
Elisa Oteros Rozas. Área de Agroecología

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Los datos que demuestran que las macrogranjas han llevado a España fuera de la legalidad ambiental

De 2007 a 2020 los sacrificios de cerdos han crecido un 36% en España; la UE ha llevado al país ante la justicia por incumplir los límites de contaminantes en aguas y suelo causados por los desechos agroganaderos.

4 febrero 2022

La ganadería intensiva que ha multiplicado la producción de carne de cerdo en España ha supuesto el avance imparable del modelo de macrogranjas mientras el país incumplía sostenidamente la normativa europea sobre contaminación del aire y del agua proveniente de los desechos agroganaderos.

En España hay unas 3.000 grandes explotaciones intensivas de porcino. El término macrogranja no existe de manera oficial. Se aplica a las granjas de gran tamaño que acumulan miles de cerdos en sus instalaciones. La normativa obliga a las grandes explotaciones a reportar sus emisiones de metano en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Transición Ecológica (PRTR), como explica esta investigación de Datadista publicada en elDiario.es. Y allí aparecen todas esas explotaciones, que sumaron 99 millones de kilos de metano liberados al aire en 2020.

Así que, mientras la producción de carne porcina crecía a gran velocidad y se creaban estas explotaciones, España no consiguió cumplir con los límites de emisiones a la atmósfera de amoniaco comprometidos con la Unión Europea durante toda la década en la que han estado en vigor, desde 2010 a 2019.  

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Fuente de información: eldiario.es

Las plataformas vecinales en contra de la ganadería industrial confirman los daños que causa este modelo

6 enero 2022

  • La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial se opone a los posicionamientos sesgados y simplistas de las organizaciones agrarias y del sector cárnico, que no distinguen entre el modelo de ganadería extensiva y el modelo industrial.
  • Estas organizaciones ignoran que el modelo de ganadería industrial agrava la despoblación de zonas rurales al generar muy pocos puestos de trabajo y provocar un gran impacto ambiental, especialmente a través de la contaminación del agua con nitratos.
  • La reciente denuncia de la Comisión Europea a España por los altos niveles de nitratos en las aguas subterráneas es una evidencia más de los efectos dañinos de las macrogranjas.

Las más de 50 plataformas y asociaciones vecinales de 7 Comunidades Autónomas que forman parte de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial no han entrado nunca ni entrarán en luchas políticas. La Coordinadora tiene un carácter transversal y su mensaje es claro: apoyar la ganadería extensiva frente al modelo de ganadería industrial, que ni fija población, ni dinamiza las zonas rurales económicamente, ni es la solución para la España vaciada y muy al contrario afecta gravemente a la calidad del entorno, de las aguas y del modo de vivir de los que trabajan y pueblan el mundo rural.

La Coordinadora no está en contra del consumo de carne, ni está en contra de la ganadería, se opone al modelo de ganadería industrial por los daños que provoca en el medio rural y apoya la ganadería extensiva, que respeta los recursos, fija población y ofrece un producto de calidad superior.

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La Comisión Europea lleva a España ante la Justicia europea por la contaminación de aguas por la ganadería y la agricultura

El Ejecutivo comunitario entiende que España está aplicando de forma «deficiente» la norma europea contra la contaminación por nitratos: «El objetivo del Pacto Verde Europeo es que la UE alcance una contaminación cero».

El 40% de las aguas de las que depende España están en mal estado.

2 diciembre 2021

La Comisión Europea lleva a España ante la Justicia europea por la «deficiente» respuesta ante la contaminación de aguas por la ganadería y la agricultura. Es decir, por la «insuficiente aplicación de la directiva europea sobre nitratos», asunto por el que lleva llamando la atención a España desde hace tres años. «El objetivo del Pacto Verde Europeo es que la UE alcance una contaminación cero, lo que beneficiará a la salud pública, al medio ambiente y a la neutralidad climática», dice Bruselas.

De acuerdo a la norma europea sobre nitratos (directiva 91/676/CEE), «los Estados miembros deben controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias», recuerda la Comisión Europea: «También están obligados a calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa».

Y la Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las autoridades españolas han sido insatisfactorios e insuficientes, por lo que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La directiva tiene por objeto proteger la calidad del agua en toda Europa mediante la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales procedentes de fuentes agrarias y el fomento del uso de buenas prácticas agrícolas.

Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino mediante un proceso conocido como eutrofización, al estimular el crecimiento excesivo de algas que asfixian otras formas de vidas y matan peces en lagos y ríos. Y eso es lo que no está haciendo suficientemente bien España.

«La depuración del exceso de nitratos del agua potable es también un proceso muy costoso», dice Bruselas: «La directiva sobre nitratos contribuye a que se alcancen los objetivos de la Directiva marco del agua y es uno de los instrumentos clave en la protección de las aguas frente a las presiones agrícolas».

«A pesar de algunos avances limitados», dice la Comisión Europea, «España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la directiva. Además, debería revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana); incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de cinco regiones (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid); y adoptar medidas adicionales en las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la directiva sobre nitratos (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia).

El Ejecutivo comunitario, antes de la decisión de este jueves, ya había enviado una carta de emplazamiento a España en noviembre de 2018 y un dictamen motivado en junio de 2020 en los que señalaba el incumplimiento por parte de España de las disposiciones de la directiva sobre nitratos.

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