22 noviembre 2024
El gobierno de Castilla-La Mancha provocará un efecto llamada de macrogranjas tras la modificación de los criterios de los proyectos prioritarios. Implica que se prioricen los proyectos en zonas vulnerables a nitratos y en los que al menos el 50% de los residuos a tratar en sean purines, vinazas o alperujos. No se exige un porcentaje de reducción del nitrógeno en la fracción líquida. Denuncian que estas modificaciones buscan satisfacer las demandas del lobby gasista y de la industria cárnica y provocarán un efecto llamada de macrogranjas. El número de cerdos creció un 34 % en la última década y el número de macrogranjas se ha duplicado. Entre 2016 y 2019, en Castilla-La Mancha la contaminación media por nitratos de las aguas subterráneas se incrementó un 36 %. El paquete legislativo que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por el despliegue de las plantas de biogás sin ir a la raíz del problema.
Greenpeace ha enviado, dentro del plazo establecido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el proceso de participación pública, alegaciones al proyecto de decreto por el que se regula la gestión de estiércoles de explotaciones porcinas.
Este proyecto de decreto es parte de un paquete legislativo que tiene por objetivo sustituir la moratoria a las explotaciones intensivas de porcino, establecida en 2022, que finaliza a final de año. Bajo el punto de vista de los ecologistas, este paquete legislativo no va a permitir solucionar los graves problemas que genera la ganadería industrial y sus macrogranjas, por el simple hecho de que no va a la raíz del problema, el crecimiento exponencial, desmesurado y descontrolado que ha tenido el sector porcino en los últimos años.
En la última década, el número de cerdos en Castilla-La Mancha creció un 34 % y alcanza ya casi los dos millones de animales, siendo ya la quinta comunidad autónoma con más cerdos. Asimismo, la intensificación del sector se puede constatar en el número de explotaciones industriales que están obligadas a declarar sus emisiones en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes contaminantes. Entre 2013 y 2022 estas explotaciones han duplicado su número, pasando de 111 a 221.
Los problemas generados por este modelo industrial quedan patentes en el agravamiento de la contaminación del agua por nitratos, motivo por el cual el pasado marzo el Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia condenatoria contra España por el incumplimiento de la Directiva de Nitratos. Según el último informe de seguimiento de esta Directiva, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, referente al período 2016-2019 (este año se tiene que presentar el referente a 2020-2023), la contaminación media por nitratos de las aguas subterráneas en Castilla-La Mancha se incrementó un 36 %.
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Fuente de informació: Ecoticias.com